El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente las nuevas normas de contratación pública y concesiones. ¿Cómo afecta esto a los profesionales de la construcción, la obra y la reforma? Entre otras cuestiones, en que cuando los Estados miembros traspongan las nuevas normas a sus respectivas legislaciones (tienen dos años para hacerlo) se introducirán criterios sociales, de innovación o medioambientales en las licitaciones en lugar de primar solo la oferta más competitiva a la hora de adjudicar obras, bienes y servicios.
Además, se facilita que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan presentar ofertas, porque la nueva normativa incentivará la división de los contratos en distintos lotes. Y no menos importante es el hecho de que el proceso de licitación resultará más simple para las empresas, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario.
Esta última novedad permitirá que solo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original, lo que reducirá la carga administrativa de las empresas en más de un 80%, según las estimaciones de la Comisión Europea.
Las autoridades públicas gastan alrededor del 18% del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, que se convierten en motores de la economía de todos los países de la Unión, según la Eurocámara.
Los nuevos criterios que se introducen en las condiciones para la adjudicación de contratos públicos se traducen en dar prioridad a la calidad, las consideraciones medioambientales, los aspectos sociales o la innovación, sin olvidar ni el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.
Tal y como destacan desde el Parlamento Europeo, “los nuevos criterios pondrán fin a la dictadura del mejor postor y harán de la calidad una cuestión fundamental”.
Asimismo, las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontrataciones y ofertas ‘anormalmente bajas’ con el propósito de combatir del dumping social (el practicado por empresas que exportan sus productos a un precio muy bajo porque utilizan para su fabricación trabajadores mal pagados o esclavizados).
De este modo se quiere garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores porque, entre otras medidas, los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.
Os dejamos en este enlace más información sobre las nuevas normas de contratación pública y concesiones aprobadas por el Parlamento Europeo.
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